Si Juárez viviera

En el proceso de construcción del México revolucionario, se levantaron las voces eclesiales en contra de las decisiones políticas que iban dando piso y cimiento a una nación. Hoy día, a 100 años de aquel momento que nos colocó como país a la vanguardia, la iglesia católica vuelve por sus fueros de manera cada vez más intolerante y sañosa.

Herederos de una cultura de hipocresía total, quienes predican una cosa en el púlpito, pero en los hechos son capaces de cometer atrocidades que luego pretenden limpiar minimizando sus efectos, curas, obispos, arzobispos y cardenales de la más recalcitrante ideología de la intolerancia y promotores de la violencia, insisten en pasarse por el arco del triunfo los ordenamientos y las normas del Estado.

Hace ya muchos ayeres que la iglesia dejó de tener, por ley, ascendencia sobre las decisiones ciudadanas y de soplar al oído del virrey las normas a seguir. Somos la ciudadanía quienes determinamos quienes nos gobiernan, con qué programas políticos, bajo qué parámetros ideológicos queremos ser administrados y gobernados. Eso lo ganamos con la Independencia, lo asentamos con la Reforma y lo confirmamos con la Revolución.

Aunque Norberto y sus secuaces parece que no conocen esa parte de la historia. Y puede ser, dado que fueron educados bajo esquemas que les obliga a reconocer como único jefe de gobierno al papa, y las únicas leyes, las que se dictan desde el Vaticano.

Norberto, Sandoval Íñiguez y Martín Rábago, entre otros vociferantes insisten en ponerse por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que de manera muy clara determina que es derecho de la ciudadanía profesar la creencia religiosa que más le agrade, misma que podrá seguir a su libre albedrío en los sitios señalados para ello, y siempre y cuando no infrinja lo que la propia Carta Magna o leyes que emanen de ella dictaminen (ver Art. 24).

Y los clérigos se han empeñado en pisotear una y otra vez las garantías individuales con que nos dota la Constitución, los derechos ciudadanos a no ser discriminados por nuestro género, religión, opinión, preferencias, por nuestro estado civil, o cualquiera otra que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, entre otras (ver el artículo 1o).

¿Cuáles de éstos han respetado? Algunos ejemplos:

Las mujeres no podemos acceder a puestos de toma de decisiones dentro de la iglesia –ser curas, obispas, arzobispas o cardenales—porque la propia normatividad de la iglesia lo impide.

Entonces, si la iglesia católica no permite que las leyes civiles incidan en sus leyes, ¿por qué el Estado ha de ceder a los caprichos de estos señores? Aquí hay una clara discriminación por género.

Desde la opinión eclesial, las mujeres no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra sexualidad ni tener acceso al placer, porque desde su muy obtusa óptica, sólo estamos llamadas para ejercer la maternidad, cualquiera que sea la forma en que hayamos quedado preñadas. Se les olvida que en las paredes de conventos y seminarios se han encontrado fetos emparedados, productos de los escarceos sexuales entre hombres y mujeres de hábitos, que han de ocultar.

Homosexuales y lesbianas no son bienvenidas al seno de la iglesia, y se le olvida a la iglesia los cientos de curas que sólo se levantan las naguas para sentir el placer que les puedan proporcionar niños y niñas. Pederastia y homosexualismo son una constante entre clérigos, se saben, se han denunciado y el peso de la ley civil no les toca un pelo, porque los gobiernos panistas aceptan que la iglesia tenga sus propias normas y castigos. El caso más sonado y vergonzoso es el deMarcial Maciel.

Del estado civil, ni habría que tocarlo. Se trata de un derecho que sólo compete al Estado, y la iglesia católica no lo es. Si la iglesia no quiere casar a homosexuales o lesbianas, está en su derecho de no hacerlo. Pero cualquier pareja, incluidas las que tienen preferencias sexuales diferentes, tienen derecho a solicitar su acta matrimonial ante jueces civiles, que son los representantes del Estado laico en el que vivimos y por el hemos peleado.

Pero las necedades de los de negro, morado o púrpura van teniendo consecuencias. Ayer fue agredida una reportera por un prestanombres del clero. La intolerancia sólo provoca violencia. Y ellos son los primeros que llaman al ataque, a romper las leyes que nos han dado democracia, gobierno y estabilidad como nación civilizada.

Y, ¿por qué no hemos tenido una sola declaración de la Secretaría de Gobernación al respecto?